Una de las primeras consecuencias de la ruptura del alto el fuego decretado de manera unilateral por ETA (y que de manera unilateral ya rompió ella misma el 30 de diciembre) es la vuelta de los escoltas a su labor en el caso de las personas que decidieron prescindir de ellos durante este periodo. En vista de este panorama, las empresas de seguridad privada se frotan las manos ya que tanto el Gobierno del estado como el Gobierno Vasco gastan cada año una suma importante de millones de €uros en estas empresas.

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