La nacionalización total de la banca está encima de la mesa. No como una posibilidad remota para un supuesto excepcional. Sino como algo con visos de certeza en un futuro no muy lejano. El argumento ha dejado de ser la solvencia de las entidades y la necesidad de soportarlas a través de inyecciones de capital. O el deseo de transmitir a la opinión pública la seguridad de que el Estado garantiza por completo sus depósitos, a la vez que, por cierto, se asegura el control de los recursos financieros en un momento en el que estos escasean.

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